Gran parte de los argentinos vivimos en alerta y con miedo de sufrir algún hecho delictivo, no sólo por la pérdida de algo material, sino también por el riesgo de ser lastimados ante este tipo de eventos.
Lamentablemente, desde hace tiempo ya no alcanza con cerrar las ventanas, poner rejas o tener un perro guardián para evitar un hecho de inseguridad. Cuando vivimos alguna de estas situaciones, o alguien cercano lo sufre, comenzamos a averiguar para prevenirnos y protegernos de estos hechos, que se han incrementado y vuelto más frecuentes en los últimos años.
Ante la disparidad de valores, principalmente por la inflación que vive nuestro país, desde CEMARA hicimos un relevamiento entre empresas habilitadas por el Ministerio de Seguridad correspondiente, para determinar cuánto es el promedio que un abonado debe pagar y qué incluye un servicio de monitoreo de alarma residencial.
¿Por qué existe tanta disparidad ente un servicio que, pareciera, se asemeja bastante? Las respuestas pueden ser de lo más variadas: empresas no habilitadas u homologadas, equipos de buena calidad y certificados, poco personal y que el mismo no esté registrado y, lo más importante, el servicio que se brinda: que, frente a un momento de necesidad real, responda y cumpla con las expectativas que el usuario requiere ante una emergencia.
El abono mensual de residencia promedio es de 30.675 pesos. En este caso, el cliente debería contar con equipamiento instalado en comodato, alta del abonado ante el Ministerio de Seguridad, solicitud de servicio por 36 meses, monitoreo las 24 horas los 365 días del año, aviso al listado de contactos del cliente, verificación de la señal de alarma mediante Protocolo 911, equipo de alta tecnología con manejo a distancia por medio de una app, comunicación de la alarma a través del equipo GPRS/WIFI/inalámbrico y servicio técnico correctivo incluido.
El presidente Armando Marinozzi puso en palabras las sensaciones sobre esta problemática: “Desde la nueva CD de CEMARA nos hemos propuesto como política atacar la problemática de la ‘competencia desleal’. Con este desafío buscamos poner en valor a nuestra actividad, profesionalizarla, hacerla protagonista en la difusión ciudadana, como también, en los estamentos de poder: Poder Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial. Sabemos, y somos conscientes, que la libre competencia es sana y fomenta el desarrollo para los miembros, como para el entorno de una comunidad; por el contrario, una competencia desleal desvirtúa cualquier esfuerzo de superación y mejora que quiera hacer una empresa o un sector”.
Cuando una empresa nos ofrece valores por debajo del promedio, invita a desconfiar de que pueda responder ante una eventualidad que tengamos e, incluso, contratar empresas no habilitadas está penalizado pecuniariamente para aquel que lo haga.
Desde CEMARA invitamos a desconfiar de los precios bajos y aconsejamos leer la solicitud de servicio antes de firmarla para poder aclarar por escrito cualquier duda que usted pueda a llegar a tener.
“Es importante que todas las empresas que forman parte de la Cámara se apeguen a las buenas prácticas y normas, eso marcará un diferencial de profesionalismo, que luego impactará positivamente en el desarrollo de las empresas del sector. El fin no es destruir al competidor, sino corregirlo y que deponga dichas prácticas desleales”, concluyó Marinozzi.